Es urgente que oficiales de datos personales se capaciten y profesionalicen
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Infoem, impartió una conferencia en el 1º Encuentro de Oficiales de Datos Personales
Si bien todos los servidores públicos deben conocer detalladamente la normatividad en materia de acceso a la información pública y protección de los datos personales, esta obligación se acentúa aún más en el caso de los oficiales de este último derecho mencionado, en virtud de que tienen la responsabilidad de asegurarse de prevenir cualquier vulneración a la privacidad, integridad y seguridad de los titulares de los datos depositados bajo su resguardo, afirmó Javier Martínez Cruz, Comision
ado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). En su calidad de Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Martínez Cruz impartió la Conferencia "Responsabilidad de los servidores públicos en el tratamiento de datos personales en el nuevo marco normativo nacional e internacional", la cual formó parte del 1º Encuentro de Oficiales de Datos Personales, llevado a cabo en Oaxaca por el órgano garante de la materia de esa entidad.
Durante su participación, el Comisionado indicó que, para implementar con éxito el nuevo marco normativo de protección de los datos personales, es indispensable que los oficiales de esta materia sean servidores públicos capacitados y certificados, con el fin de que puedan discernir el impacto que llega a tener la revelación de un dato personal sensible en la vida de su titular. Agregó que, aunque México ya cuenta con políticas públicas en este renglón, su consolidación depende su eficaz aplicación en todas las instituciones públicas que recaban información de la población.
Javier Martínez Cruz precisó que, a través de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales (ARCO), así como de la portabilidad, los habitantes pueden tener certeza de quién posee su información, cuál es el propósito de su utilización y cuánto tiempo se almacenará en los sistemas y bases de datos, con lo cual se abre la puerta para que tomen decisiones informadas sobre su uso y destino.