Es derecho de toda persona saber para qué requieren su información, expresó la Comisionada del Infoem, Guadalupe Ramírez Peña.

El derecho a la protección de datos personales abre el debate sobre la necesidad de continuar utilizando formatos que requieren información de la o el particular, que en muchas ocasiones puede considerarse excesiva, toda vez que no corresponde a la finalidad del trámite o servicio para el cual se recaban, como el caso de la solicitud de empleo que venden en las papelerías, donde se pide conocer aficiones, estatura y peso, entre otros datos que no siempre son necesarios para el empleo que se solicita, señaló Guadalupe Ramírez Peña.

La Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) impartió la sesión 6 del Diplomado en Protección de Datos Personales 2023, organizado por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán (Inaip), en el cual destacó que la finalidad es uno de los principios estipulados en la ley en la materia, con el cual deben cumplir todas las instituciones en México.

“En comprensible que según el empleo para el cual se vaya a postular, se requieran datos específicos, como si cuenta con licencia de conducir o el nivel de estudios alcanzado; pero hay campos que pueden no llenarse si no se requieren porque piden incluso si la o el cónyuge trabaja, la ocupación de todos los integrantes de la familia, si vive en casa propia, qué deporte practica, entre otra información que no cumple con este principio de finalidad y es derecho de toda persona saber para qué requieren su información”, expresó la Comisionada.

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios señala en su artículo 22, que todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. Por tanto, la institución empleadora deberá contar con las atribuciones legales para conocer todo dato que requiera de la persona que solicita el empleo o incluso, de aquellas personas a las que ya haya contratado y estén dentro de su plantilla de personal.

Ramírez Peña, quien también funge como Coordinadora de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), añadió que, actualmente, la información personal se utiliza no sólo para contratar servicios o adquirir bienes, sino incluso para interactuar en el ámbito digital, lo que expone a las y los usuarios de dichas plataformas, a entregar datos personales de gran valor, tanto de identificación: como el nombre o domicilio; como los datos sensibles: estado de salud, preferencias sexuales, religión que profesa, entre otros que podrían vulnerar la reputación y seguridad de cada persona.

Durante esta clase, la Comisionada del Infoem explicó la normatividad que rige en la materia, cuáles son las figuras y funciones de quienes se encargarán del tratamiento de los datos personales recabados por cada sujeto obligado; qué son y cómo se ejercen los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO); además de enfatizar en la prioridad de que toda institución cuente con avisos de privacidad, siempre visibles.

“Es en el aviso de privacidad donde la ciudadanía conoce cuáles de sus datos serán recabados, la finalidad para obtenerlos y si ésta se encuentra acorde al trámite o servicio realizado; por cuánto tiempo lo van a resguardar, entre otros detalles. Ahí radica la importancia que cada institución o Responsable tenga la figura de Oficial de Protección de Datos Personales, quien deberá contar con los conocimientos necesarios para llevar a cabo el correcto tratamiento de la información recabada por parte de la ciudadanía”, indicó.

Cabe resaltar que en esta clase, con las y los alumnos de este Diplomado, quienes se encuentran adscritos a los diferentes sujetos obligados del estado de Yucatán, participó también Beatriz Guadalupe Castro Mendoza, Directora General de Investigación y Verificación del Sector Privado del organismo garante nacional (Inai).