• José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente, enfatizó la importancia de que, quien retome las atribuciones y funciones del Infoem, prevea este tipo de discordancias

Echamos mano del lenguaje ciudadano para que se puedan comprender mejor las resoluciones que tomamos, de manera menos jurídica y más clara; y aunque las opiniones sean diversas, ello enriquece las resoluciones emitidas en favor de la ciudadanía; por ejemplo hoy, mi primer voto es en el mismo sentido que la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña, pues pienso que deben cobrarse los derechos por la expedición de copias certificadas en su totalidad, como lo prevé el Código Financiero, una polémica que tratamos hoy, expresó José Martínez Vilchis.

El Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) presidió la 35ª Sesión Ordinaria del Pleno de este organismo, donde enfatizó la importancia de que quien retome las atribuciones y funciones del Infoem, prevea este tipo de discordancias, ya que habrá un número de autoridades que contestarán peticiones de información como esta y no queda claro si se polemizarán las opiniones o será una sola respuesta. “Ojalá se reflexione quién va a contestar los recursos de la ciudadanía y de qué manera”, señaló.

En la sesión, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió voto particular con respecto al cobro de copias, ya que el particular solicitó la información en copia certificada y el sujeto obligado no atendió la modalidad elegida. Con respecto a otro proyecto, emitió también voto particular, debido a la clasificación de la firma en los comprobantes de estudio. Aseguró que se debió ordenar la entrega del expediente completo de ingreso al servicio público del presidente municipal y no sólo ordenar los documentos con los que cuente, ya que llegar al cargo por elección popular no le exime de integrar el expediente laboral de la misma manera.

En otro asunto, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió un voto en contra al considerar que el Ayuntamiento de Valle de Chalco sí es competente para responder. El solicitante pidió que se le informara de los permisos otorgados para la realización de un evento en el deportivo “Luis Donaldo Colosio”. La respuesta del ayuntamiento fue declararse incompetente y orientar al ciudadano al Instituto de Cultura Física y Deporte, bajo el argumento de que ese organismo otorga las autorizaciones. Sin embargo, sí puede entregar otros permisos: de Protección Civil, Bomberos o de la Dirección de Industria y Comercio, quienes evalúan las condiciones de seguridad y sobre espectáculos y que sí obran en su poder.

Al respecto, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega emitió también un voto disidente en este proyecto, al asegurar que el Ayuntamiento de Chalco sí es competente para encontrar en sus archivos los permisos para realizar un evento musical, pues si bien se realizó en el inmueble de otro sujeto obligado, el ayuntamiento tiene las atribuciones para emitir permisos y autorizaciones para llevar a cabo un evento de esa magnitud y garantizar la seguridad de sus asistentes y, al menos, contar con el de Protección Civil y del área de Seguridad Pública para mantener el orden durante el evento realizado en su demarcación, por lo que no se debió declarar la incompetencia, sino hacer entrega de la información.

Por su parte, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña emitió un voto particular concurrente porque, al igual que el Comisionado Presidente, no comparte que se deba exceptuar el pago de derechos de las primeras copias certificadas, toda vez que el artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales de la entidad únicamente exceptúa de dicho cobro a las copias simples, aunado a que el cobro se encuentra regulado en el Código Financiero de la entidad. Sin embargo, añadió que su ponencia revisará la existencia de nuevos posicionamientos y argumentos, a fin de analizar este tipo de asuntos desde nuevas perspectivas.

Es necesario resaltar que en esta sesión, en la cual se resolvieron 393 recursos de revisión, también se aprobó la imposición de 24 medidas de apremio, 2 de ellas constituyeron apercibimientos dirigidos a Titulares de Unidades de Transparencia (TUT) del rubro de los municipios; otras 21 fueron amonestaciones públicas dirigidas a integrantes de diversos sujetos obligados; así como una multa al TUT del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, correspondiente 16 mil 971 pesos.