En la 4ª Sesión Ordinaria del Pleno del Infoem, se reiteró a partidos políticos y a los sujetos obligados mexiquenses, que deben continuar con la carga de su información, durante todo el proceso electoral

Toda la población, sobre todo quienes votan, deben saber que tienen derecho a acceder a la información que los sujetos obligados publican de forma permanente y actualizada en sus portales de transparencia, pues no es cometido de ningún proceso electoral que no se dé información al electorado. Incluso puede conocerse cuál es el financiamiento de los partidos políticos; por ello la autonomía de los organismos garantes tiene que valorarse, ya que con tal facultad es posible exigir que se cumpla con esta obligación, aseguró José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Durante la 4ª Sesión Ordinaria del Pleno de este organismo garante, se enfatizó que con la firma de la Declaratoria Conjunta en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales, entre el Infoem y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se reiteró a los representantes de los distintos partidos políticos, que la Ley de Transparencia local estipula la publicación de las obligaciones, con fracciones comunes y específicas, que consideran incluso el padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos estatales, con nombres y fechas de afiliación.

A este respecto, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña, quien solicitó la palabra para considerar este punto en asuntos generales, destacó que la firma de esta Declaratoria es un recordatorio a todos los sujetos obligados de la entidad, para que cumplan con la publicación de las fracciones comunes y específicas que les correspondan, en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex), a fin de que no se interprete que al desarrollarse un proceso electoral se dejará de cumplir con la carga de información; pues tanto los partidos políticos como las demás instituciones, deben continuar subiendo su información a este portal.

En su participación, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega añadió que la Declaratoria habla sobre el tema de protección de datos, ante lo cual se diseñará un protocolo para que toda persona pueda denunciar ante el Infoem o el IEEM, cualquier tratamiento indebido a sus datos personales, dentro del proceso electoral. La ciudadanía debe saber, dijo, que puede hacer esa denuncia, pues ambos institutos existen para ayudar y proteger este derecho humano frente a cualquier actor electoral y tienen la posibilidad de integrar los expedientes y, en su momento, proponer algún tipo de responsabilidad.

En otro sentido, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió un voto disidente a un proyecto de resolución; ya que consideró que no debió confirmarse la respuesta del sujeto obligado, en el sentido de no contar con los documentos comprobatorios de estudio; sino que se debió ordenar el acuerdo de inexistencia con las formalidades legales establecidas. De manera adicional, emitió un voto particular a otro proyecto de resolución, por la clasificación de la firma en los documentos que acreditan los niveles de estudios, toda vez que aseguró que éstos dan cuenta de la preparación académica y la idoneidad de la persona en la función pública.

A lo largo de esta Sesión, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió un voto particular a un proyecto de resolución, tras considerar que no procedía ordenar la entrega de los laudos que aún se encuentran en trámite; toda vez que la Ley de Transparencia estatal prevé, como excepción, reservar la información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes. Por tanto, expresó que en este proyecto se debieron reservar los laudos, para evitar difundir la información que pueda comprometer el desarrollo del proceso.

Cabe destacar que en esta 4ª Sesión se votaron 186 proyectos de resolución a recursos de revisión; además de que se aprobó la imposición de 60 medidas de apremio, de las cuales 31 fueron apercibimientos; y 29, amonestaciones públicas.