Autoridades jurisdiccionales deben garantizar protección de datos personales de las víctimas
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Infoem, participó en el Foro “La Protección de Datos Personales en Expedientes Jurisdiccionales”, convocado por el Imaip
Las víctimas que se encuentren inmersas en procesos jurisdiccionales tienen derecho al resguardo de su identidad y sus datos personales cuando sean menores de edad, se traten de delitos de violación contra la libertad y el desarrollo psicosexual, sufran de violencia familiar, secuestro o trata de personas, por lo que las autoridades y órganos jurisdiccionales deben garantizar su derecho a la protección de sus datos personales, sentenció Javier Martínez Cruz.
El Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), participó en el Foro “La Protección de Datos Personales en Expedientes Jurisdiccionales”, a invitación del órgano garante de estos derechos en el estado de Michoacán (Imaip), donde presentó su postura respecto del parámetro de control de regulación de justicia en el ejercicio de los derechos de la víctima y el imputado, en materia de protección de datos personales.
Durante su exposición, el Comisionado del Infoem destacó que durante todo el proceso judicial las víctimas tienen derecho a proteger su intimidad, identidad y otros datos personales. Además pueden acceder a los registros de la investigación en el procedimiento y obtener del responsable copia gratuita de dicha indagación.
Javier Martínez Cruz, quien también funge como Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, agregó que el Ministerio Público está obligado a garantizar la seguridad de las personas, lo que consecuentemente se traduce en la tutela de derechos fundamentales como la protección de los datos personales.
Para ello, señaló que los poderes judiciales deben impartir justicia de calidad a través de servicios accesibles, eficientes y confiables, para lo cual se requiere fortalecer las instituciones y sus procedimientos, capacitar a jueces y demás personal, a fin de brindar las condiciones humanas y materiales adecuadas, así como mecanismos de supervisión y control de la labor jurisdiccional que garanticen los derechos de las víctimas e imputados.