Combate a la corrupción imposible sin archivos actualizados

José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem impartió la conferencia "Avances de la aplicación de la Ley General de Archivos"

Mientras los documentos y la información no estén organizados, y los archivos no cuenten con aspectos básicos como la integridad y la accesibilidad, la mayoría de los intentos de combate a la corrupción estarán condenados al fracaso, aseveró José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Al impartir la conferencia "Avances de la aplicación de la Ley General de Archivos", desarrollada en la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM), el Comisionado del Infoem señaló que para que la armonización local sea una realidad, es necesario contar con un mayor financiamiento, pues de lo contrario, algunas obligaciones en materia de archivos serán muy complicadas de cumplir por parte de las instituciones involucradas. Asimismo, señaló que las experiencias en otros estados de la república deben servir de ejemplo para que el en Estado de México se pueda atender la armonización con mayor amplitud.

Ante esta realidad, precisó que es necesario comenzar a trabajar en el nuevo modelo de gestión documental, pues destacó que, aunque el proceso de armonización a nivel nacional otorga un periodo de un año para completarse, si no se establecen los nuevos procedimientos de gestión documental se corre el riesgo de presentar enormes incumplimientos, mismos que pueden ser causales de responsabilidades administrativas y hasta penales.

En este sentido, advirtió que es necesario que se comience a desarrollar de manera inmediata el Sistema Estatal de Archivos, los procesos anuales de desarrollo archivístico y las reuniones de trabajo para generar el cuadro general de clasificación archivística. Por último, aseveró que para comenzar con el proceso de armonización es necesaria la disposición de los servidores públicos, mismos que ya están gestionando los documentos y los archivos.