Toluca, México 13 de septiembre de 2019

 

Javier Martínez Cruz, Comisionado del Infoem, ofreció una conferencia en el Encuentro "Los derechos humanos frente al acceso a la información, la protección de datos y la privacidad de las personas"

En nuestro país, los derechos de las víctimas han recorrido un largo trayecto hacia su completo reconocimiento en el orden jurídico mexicano, pasando desde diversas modificaciones a la Constitución federal hasta la capacitación de los funcionarios encargados de la procuración de justicia. Entre estas garantías, destaca la protección de sus datos personales, ya que tienen derecho al resguardo de su identidad y de su intimidad; sobre todo, cuando se trata de menores de edad o de delitos como trata, violación o secuestro, expresó Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

En su calidad de Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Martínez Cruz participó en el Encuentro Zona Norte "Los derechos humanos frente al acceso a la información, la protección de datos y la privacidad de las personas", celebrado en La Paz, Baja California Sur. En este marco, impartió la conferencia "Derecho a la intimidad de la víctima y de quienes están sujetos a proceso frente al de acceso a la información pública de terceros (derecho al honor y a la reputación y respeto a la presunción de inocencia)".

En su intervención, aseveró que, en virtud de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se amplió el catálogo de los derechos reconocidos en México; además, se incorporó el principio pro persona, que busca la interpretación de la norma más favorable, maximizando el beneficio de un derecho y minimizando la afectación del otro. Por ello, es un paso adelante en la consolidación de los derechos de las víctimas en el ámbito nacional.

En ocasiones, puntualizó el Comisionado Martínez Cruz, los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos personales entran en conflicto, lo que vuelve necesario realizar un ejercicio de ponderación de derechos, a fin de encontrar una solución justa y equilibrada para todos los involucrados. Esta práctica debe tomar en cuenta que, de acuerdo con la Constitución federal, todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.