Armonización legislativa en materia de archivos debe partir de la reflexión
José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, habló sobre la armonización de la Ley General de Archivos en las entidades federativas, en Yucatán
A partir de la reforma constitucional en materia de transparencia, las instituciones públicas de todo el país se encuentran obligadas a documentar todas sus acciones y decisiones y a resguardar la documentación resultante en archivos administrativos actualizados, los cuales deben permanecer a la disposición de la sociedad, como una parte fundamental de los derechos de acceso a la información pública, protección de los datos personales, memoria y verdad, aseguró José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Durante su participación en la Mesa “Hacia la creación de sistemas estatales de archivo”, en el marco de la conmemoración del XV aniversario del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán (Inaip), el también Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) subrayó que el plazo de armonización de las normas estatales termina en junio de 2020, por lo que es urgente trazar una ruta que permita atender apropiadamente las necesidades de los archivos en cada localidad.
Actualmente, los archivos experimentan distintas carencias que impiden su correcta operación, de tal manera que el primer paso para armonizar las leyes de la materia consiste en un diagnóstico detallado de los problemas que enfrentan. Por lo tanto, no resulta recomendable que este proceso se limite a reproducir mecánicamente los contenidos de la norma general, sino de fijar reflexivamente las bases y principios que regirán la gestión documental en cada entidad federativa.
En este sentido, puntualizó el Comisionado Luna Hernández, deben establecerse criterios homogéneos para la organización y conservación de los archivos, así como invertir en la capacitación del personal encargado del acervo y en la infraestructura para resguardarlo, ya que arriesgar la integridad de los documentos es motivo de responsabilidades para los servidores públicos y de las sanciones marcadas por la Ley General.