Ayuntamientos reciben la mayor cantidad de solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales
Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Infoem, participó en una capacitación a servidores públicos del Ayuntamiento de Tultepec
En el transcurso de 2019, 60% de las solicitudes de información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales se han dirigido a los ayuntamientos mexiquenses. Ello, dado que es el nivel gubernamental más cercano a la población y a que, con el cambio de administración, existe una gran expectativa por conocer detalladamente los planes, las acciones y los logros de los municipios, argumentó Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Al ofrecer un mensaje en una capacitación dirigida al Ayuntamiento de Tultepec, a la cual acudieron el Presidente Municipal, Armando Portuguéz Fuentes, regidores y funcionarios de esa demarcación, Parra Noriega enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen los gobiernos, cómo ejercen los recursos públicos y de qué manera desempeñan sus facultades. En consecuencia, rendir cuentas sobre estos aspectos debe convertirse en una prioridad para las autoridades, que tienen también en la transparencia una oportunidad para recobrar la confianza de la sociedad.
El primer paso para una gestión más transparente radica en cumplir las obligaciones de transparencia establecidas por la ley, lo cual se consolida a través del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex). El Comisionado del Infoem resaltó que este órgano garante verifica la calidad de la documentación difundida en estos portales, por lo que obtener una buena puntuación representa un excelente reto para impulsar esta asignatura como parte fundamental de las buenas prácticas institucionales.
Añadió que este desafío no sólo corresponde a los altos mandos gubernamentales, sino que requiere de trabajo en equipo y de un amplio sentido de la responsabilidad, dado que, en caso de que se detecte algún incumplimiento, la ley de la materia prevé sanciones para el servidor público que obstaculizó el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, las cuales deben cubrirse con el patrimonio propio de éste, no con el erario.