Toluca, México 07 de junio de 2019

 

Javier Martínez Cruz y Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionados del Infoem, participaron en el Panel sobre Protección de los Datos Personales de los Grupos Vulnerables, en Guanajuato

Las instituciones públicas deben establecer mecanismos para salvaguardar los datos personales de los grupos en condición de vulnerabilidad, puesto que la ley general de la materia mandata claramente que todos los sujetos obligados deben garantizar el ejercicio de este derecho en circunstancias de igualdad y libres de discriminación. Asimismo, al tratar la información de menores de edad, adultos mayores y personas que viven con alguna discapacidad, es indispensable reforzar su resguardo, afirmó Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

El integrante del Pleno del Infoem participó, en compañía de Javier Martínez Cruz, también Comisionado de este órgano garante, y Yolli García Álvarez, Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), en el Panel sobre Protección de los Datos Personales de los Grupos Vulnerables, efectuado Guanajuato. Durante su intervención, precisó que todo tratamiento de datos personales debe sujetarse a los principios establecidos en la ley, entre los cuales destaca el de proporcionalidad.

Señaló que la proporcionalidad significa recabar de los particulares exclusivamente los datos necesarios para realizar determinado trámite o servicio. Además, detalló que, en la medida de lo posible, los sujetos obligados deben evitar la recopilación de datos personales sensibles cuando no sean indispensables en el desempeño de sus funciones, ya que cualquier filtración, daño o mal uso puede perjudicar gravemente la integridad de sus titulares; aún más, si pertenecen a un grupo vulnerable.

Por su parte, el Comisionado Javier Martínez Cruz destacó que, si bien la protección de los datos personales se conceptualizó inicialmente como un límite del derecho de acceso a la información pública, hoy se trata de un derecho autónomo, que cuenta con reconocimiento constitucional y con una ley general que sienta las bases para su ejercicio homologado en todo el país. En este contexto, los órganos garantes deben pugnar contra los obstáculos de tipo social y jurídico que impiden que las personas en condiciones de vulnerabilidad los hagan valer con absoluta plenitud.

Subrayó que migrantes, menores de edad, mujeres y personas desaparecidas forman parte de los grupos vulnerables que ameritan mayor atención en nuestro país. En tal sentido, los procedimientos legales deben adecuarse para que estos sectores tengan más y mejores alterativas en la utilización de los beneficios de la protección de los datos personales, como una herramienta encaminada a preservar su dignidad e, incluso, su seguridad.