Fundamental, abrir los archivos hacia toda la población
José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem, participó en la Jornada Informativa "Ley General de Archivos", en Metepec
Las recientes reformas constitucionales en materia de transparencia establecen que la información generada por las instituciones públicas debe ser accesible para todos, lo que implica someter a revisión los propios procedimientos gubernamentales. Por ejemplo, es necesario evaluar el contenido que se registra en los documentos, a fin de que resulten más comprensibles y no sea indispensable contar con conocimientos especializados para consultarlos, argumentó José Guadalupe Luna Hernández.
El Comisionado del Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) acudió a la Biblioteca "Centenario de la Revolución", en Metepec, donde tuvo participación en la Jornada Informativa "Ley General de Archivos". A lo largo de su intervención, puntualizó que la gestión archivística no puede funcionar apropiadamente si los documentos se encuentran desordenados y dispersos. En este sentido, subrayó que deben agruparse en expedientes por cada procedimiento administrativo, desde su inicio hasta su conclusión.
Luna Hernández, quien también se desempeña como Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), enfatizó que la puesta en marcha de la Ley General de Archivos representa un reto para los sujetos obligados, ya que exige la contratación de personal adecuadamente capacitado; la inversión en infraestructura y mobiliario, y la implementación de un modelo técnico de gestión documental que favorezca la conservación del acervo.
Señaló que, en el pasado, la historia ha demostrado que quienes tienen acceso a los archivos detentan el poder y legitiman las decisiones de interés público. En virtud del nuevo régimen de transparencia, la sociedad entera puede empoderarse, tomar sus propias determinaciones, demandar la garantía de sus derechos y preservar la memoria colectiva, lo que beneficia el diálogo entre el gobierno y la ciudadanía.