El trabajo continúa en el Infoem y todas las instituciones deben cumplir con sus obligaciones en la materia
El organismo autónomo aseguró que el acceso a la información pública y la protección de datos personales no se acaban, pues son derechos humanos que seguirán garantizándose
Hasta que las leyes secundarias estén redactadas y se aclaren los tiempos, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) tiene que continuar con su labor. Sabemos que son tiempos que generan incertidumbre e inquietud entre la población, por eso debemos refrendar que el trabajo continúa y el mensaje es también para todos los sujetos obligados, a fin de que sigan cumpliendo con lo que les imponen las leyes en la materia, para evitar el incremento de las medidas de apremio o que el cumplimiento disminuya, argumentó José Martínez Vilchis.
En la 41ª Sesión Ordinaria del Pleno, el Comisionado Presidente de este organismo garante expresó que ante las reformas nacionales que señalan la desaparición de los órganos autónomos estatales, el Infoem emitirá un comunicado público para aclarar dudas de la ciudadanía; así como de servidoras y servidores públicos, quienes en este momento tienen la obligación de seguir protegiendo los datos, respondiendo las solicitudes de información pública y de cargar su información en sus portales de transparencia, a fin de no violentar los derechos humanos de la población.
A este respecto, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña destacó que las plataformas continúan operando y todos los sujetos obligados deben cumplir con lo que dictan las leyes vigentes, independientemente de lo que se llegue a aprobar con las reformas en el contexto nacional; toda vez que en el Estado de México los derechos siguen funcionando. Añadió que los sujetos obligados deben tener presente que dicho cumplimiento no se acaba, porque los derechos permanecen. Por tanto, no deben confundirse, sino seguir cumpliendo para evitar que incrementen las amonestaciones, apercibimientos y multas.
Por otra parte, en esta sesión las y los Comisionados emitieron sus votos a cada uno de los proyectos de resoluciones a recursos de revisión presentados. En este sentido, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió un voto particular, al no compartir que se clasifique la firma de una persona servidora pública, en aquellos documentos que acreditan su nivel de estudios, ya que este dato es prueba de su identidad y habla también de su profesionalización para el cargo que ocupa.
Sobre este tema, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega emitió un voto particular concurrente, tras considerar que la firma de una persona servidora pública da cuenta de su nivel de estudios y por tanto, debe considerarse como de acceso público. En otro proyecto diverso, emitió un voto particular al señalar que no existe disposición normativa que exija a los sujetos obligados a generar un documento con las funciones de las y los servidores públicos por debajo de niveles de mandos medios y superiores, por tanto debió establecerse la salvedad para el caso en el cual no se contara con el documento.
En su participación, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió un voto particular a otro proyecto, al señalar que antes de proponer un fallo, es necesario allegarse de mayor información, con la finalidad de saber si existen procedimientos administrativos en contra de la servidora pública señalada y si estas resoluciones fueron absolutorias o condenatorias. Recordó que la información debería reservarse si su divulgación vulnera la conducción de procesos administrativos seguidos en forma de juicio, ya que proteger los datos personales es prioritario, en tanto no se determine su responsabilidad en una sentencia firme.
Cabe resaltar que en esta sesión se aprobaron 273 proyectos de resolución a recursos de revisión; así como la imposición de 38 medidas de apremio; 27 de ellas fueron apercibimientos como medidas de apremio a diversos titulares de unidades de transparencia y servidores públicos habilitados; en tanto que las 11 restantes constituyeron amonestaciones públicas dirigidas a unidades de transparencia municipales.