05 de Febrero de 2019

 

Zulema Martínez Sánchez y Javier Martínez Cruz, integrantes del Pleno del Infoem, tuvieron participación en la conmemoración del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 

El robo de identidad es el delito del siglo XXI. Ya que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este fenómeno, los órganos garantes en materia de protección de los datos personales enfrentan el reto de contribuir a fortalecer el marco legal que regula la recolección y el tratamiento de esta información, así como a concientizar a la población sobre el valor de su privacidad, argumentó Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

La titular del Infoem, quien también es Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), participó en el Panel "La protección de los datos personales y sus mecanismos de seguridad en el ciberespacio", convocado por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP). En su intervención, subrayó que resulta indispensable conocer el valor de los datos personales para salvaguardarlos adecuadamente; sobre todo, en razón de que muchos de ellos se encuentran en línea, por lo que sus titulares pierden el control absoluto sobre el destino de su información.

Por otra parte, Javier Martínez Cruz, Comisionado del Infoem y Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT, se refirió a la importancia de este derecho fundamental en un sector especialmente vulnerable: los migrantes. En este sentido, enfatizó que México no sólo cuenta con un marco jurídico robusto en la materia, con leyes generales que rigen el tratamiento de dicha información en los ámbitos público y privado, sino que también se adhirió al Convenio 108 del Consejo de Europa, que establece la mayor protección de la información concerniente a niños y grupos en estado de vulnerabilidad.

Por lo tanto, aseguró que todas las autoridades deben acatar las normas en materia de protección de los datos personales, tanto al elaborar las bases de datos como al efectuar cualquier transferencia, con el fin de no violentar los derechos humanos de quienes les suministran esa información. Esta garantía de salvaguarda debe ser aún más estricta en el caso de menores de edad y migrantes.