La justicia no puede ser plena si no es inclusiva

Sharon Morales Martínez, Comisionada del Infoem y Coordinadora de la CDHEGIS del SNT, dio la bienvenida a la Conferencia Magistral “Hacia una justicia inclusiva: desafíos y estereotipos”

Es fundamental reconocer que la justicia no puede ser plena si no es inclusiva. Por lo tanto debemos esforzarnos por construir un sistema en el que todas las personas, independientemente de su género, etnia, orientación sexual, condición económica o cualquier otra característica, puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones, aseguró Sharon Morales Martínez, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Al brindar la bienvenida a la Conferencia Magistral “Hacia una justicia inclusiva: desafíos y estereotipos”, impartida por Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF); la Comisionada Morales Martínez enfatizó que la inclusión no es un favor, es un derecho; y por tanto, es una responsabilidad colectiva trabajar incansablemente para derribar las barreras que impiden su realización plena.

La Comisionada del Infoem, quien es también Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia (CDHEGIS del SNT), apuntó que la transparencia y el acceso a la información son herramientas esenciales en este camino, ya que permiten una mayor participación ciudadana y fortalecen la rendición de cuentas.

Por ello, esta conferencia es una plataforma crucial para sensibilizar y reflexionar sobre los prejuicios, discriminaciones y barreras persistentes en el sistema de justicia y en nuestra sociedad en general; a fin de fomentar un diálogo constructivo que impulse la eliminación de paradigmas excluyentes y promueva la integración de grupos históricamente vulnerables, en el contexto democrático mexicano.

Agregó que los organismos garantes, como defensores de derechos humanos, deben realizar las medidas y ajustes necesarios para brindar a la población la oportunidad de ejercer sus derechos en condiciones igualitarias. Así, puntualizó que el Infoem cuenta con una impresora tiflotécnica, además de guías en diversas lenguas y formatos para realizar solicitudes de información, tanto en sistema braille como en lenguas originarias, a fin de que cada vez sea mayor la población que pueda ejercer sus derechos, de manera accesible y sin ningún tipo de discriminación.

Por su parte, la Magistrada Presidenta Claudia Valle Aguilasocho argumentó que para que la justicia sea verdaderamente justa debe ser inclusiva, de lo contrario no será real; por ello la necesidad de fortalecer un sistema de justicia que no deje fuera a ninguna persona, sino que haga prevalecer los derechos ante la existencia de barreras culturales o legales.

Argumentó que una justicia tardía es injusta en sí misma, por lo que entre algunos de los retos para lograr un sistema de justicia igualitario se encuentran armonizar las normas que rigen el trámite de los procesos judiciales; así como medir y evaluar el cumplimiento de justicia completa.

Ante más de 90 personas asistentes a esta conferencia virtual, subrayó la importancia de referirse a la inclusión como una forma de democratización de los derechos, pues el objetivo meta es reducir las desigualdades, pugnar porque se establezcan mecanismos eficaces para un ejercicio igualitario de los derechos.

Cabe destacar que a esta conferencia asistieron también Comisionadas de los organismos garantes de Tabasco, Yolidabey Alvarado de la Cruz, quien es Secretaria Técnica de la CDHEGIS;  Norma Julieta del Río Venegas, del Inai; Xitlali Gómez Terán, de Morelos; Teresa Dolz Ramos, de Campeche; Selene Prieto Domínguez, de Chihuahua; Fabiola Gilda Tores Rodríguez y Nubia Barrios Escamilla, de Zacatecas; Liliana Campuzano Vega, de Sinaloa; María Eugenia Pérez Herrera, de Durango; Ayizde Anguiano Polanco, de Colima; Sara Viridiana Tapia Rincón, de San Luis Potosí; así como Pedro Antonio Rosas Hernández, Comisionado de Jalisco; además de personas servidoras públicas del Estado de México, de Baja California, de Tlaxcala, entre otras.