Transparencia, crucial para abatir la corrupción
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Infoem, impartió una capacitación a servidores públicos del Ayuntamiento de Metepec
A la fecha, México cuenta con una normatividad fuerte y vanguardista en materia de transparencia y acceso a la información pública. Por lo tanto, es necesario adoptar las herramientas necesarias para que la aplicación de este derecho se traduzca en beneficios tan trascendentes como el combate contra la corrupción, puesto que este flagelo daña seriamente a la sociedad, señaló Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
El integrante del Pleno de este órgano garante brindó una capacitación a servidores públicos del Ayuntamiento de Metepec, durante la cual detalló que, si bien cualquier país muestra cierto nivel de corrupción, el mayor problema consiste en la impunidad y en la ausencia de articulación entre los esfuerzos de las entidades fiscalizadoras y auditoras. Por ello, apuntó, es relevante considerar las innovaciones de las reformas constitucionales en materia de transparencia y de anticorrupción.
El Comisionado Martínez Cruz afirmó que la creación de los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción significa un paso esencial para disminuir los índices de opacidad e impunidad en México. Desde el ámbito local, subrayó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios dota de mayor importancia a las Unidades de Transparencia y a sus titulares, a tal grado que exige la profesionalización de estos últimos.
"En nuestra entidad, todo aquel que desee desempeñarse como titular de la Unidad de Transparencia debe contar con la certificación correspondiente. Por disposición legal, el Infoem es la única institución que puede emitir ese certificado", argumentó el Comisionado, quien agregó que cada institución pública debe contar, además, con un Comité de Transparencia, con el fin de atender con oportunidad y suficiencia las solicitudes de acceso a la información pública y protección de los datos personales que formule la ciudadanía.