Rendición de cuentas, exigencia social importante

Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Infoem, participó en dos jornadas de capacitación a servidores públicos mexiquenses

Los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos personales se caracterizan por su autonomía. Cada uno de ellos cuenta con su propia finalidad, objetivo y bien jurídico, los cuales se garantizan a través de mecanismos específicos orientados a atender puntualmente las demandas ciudadanas, afirmó Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Al participar en una capacitación dirigida a servidores públicos de la administración municipal de Nicolás Romero, el Comisionado apuntó que el acceso a la información pública busca consolidar la rendición de cuentas, que sobresale como una exigencia social importante, puesto que contribuye a transparentar la gestión gubernamental y a corroborar que las autoridades cumplan con su quehacer de manera efectiva. En este sentido, da visibilidad al desempeño de los servidores públicos y coadyuva a que la ciudadanía vigile y valore sus resultados.

Por otro lado, la protección de los datos personales aspira a salvaguardar la dignidad humana, dado que se relaciona con temas delicados y sensibles, inscritos en la esfera más íntima de cada individuo. Hay información que, en cierto contexto, puede dar origen a actos de discriminación o a situaciones que ponen en riesgo la integridad de su titular. En consecuencia, estos datos deben tratarse con sumo cuidado, de acuerdo con las medidas de seguridad que marca la ley de la materia.

Asimismo, en una capacitación impartida a servidores públicos del Ayuntamiento de Tianguistenco, el Comisionado Parra Noriega puntualizó que, a través de la transparencia y la rendición de cuentas, que representan el resultado del ejercicio del acceso a la información pública, la ciudadanía se empodera. Ello, puesto que supervisa las acciones gubernamentales, la aplicación de los recursos del erario e, incluso, la conducta de los funcionarios.