Acceder a documentos públicos no es concesión, es un derecho de la ciudadanía y una obligación de los gobiernos
Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Infoem, pidió a la población usar su derecho y pedir información para investigar, conocer y exigir otros derechos, a fin de mejorar el entorno de sus comunidades
La información que generan las instituciones pertenece a la ciudadanía, no es propiedad de ningún personaje político; por lo que las autoridades no pueden ir de la mano de una lógica autoritaria, pues no se trata de incentivar una cultura patrimonialista de la información, ya que acceder a documentos públicos no es una concesión para la población, es un derecho de la ciudadanía y una obligación de los gobiernos, subrayó Luis Gustavo Parra Noriega.
El Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) participó como ponente en la Mesa de Análisis: “Avances y retrocesos de la transparencia en México”, como parte del programa de la Semana Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, donde invitó al público a acceder a la información para exigir y defender su derecho humano, logrado a través de años de gestiones, trabajo y esfuerzo.
A su vez, apuntó la necesidad de seguir apostando por el ejercicio de la ciudadanía activa y como autoridades, entender de qué se trata verdaderamente el construir ciudadanía. De la misma forma, las y los ciudadanos deben saber que tienen derechos y usarlos para mejorar sus condiciones de vida, en este caso, para cuestionar a sus autoridades y hacerlas rendir cuentas.
En este sentido, les invitó a usar su derecho a la fiscalización ciudadana: a buscar y conocer información que puede ser de utilidad, como las declaraciones de intereses de diversas autoridades; además de su evolución patrimonial en la Plataforma Digital Nacional; pues exigir transparencia y ejercer el derecho de acceso a la información puede coadyuvar a inhibir la comisión de delitos por corrupción.
“Si bien el acceso a la información no es un derecho pensado para combatir la corrupción; sí impulsa que las personas servidoras públicas se sientan vigiladas y al estar en actuaciones supervisadas, tienden a conducirse de forma transparente, lo que funge como un efecto inhibitorio o preventivo; pero más bien, este derecho humano es visto como un derecho llave que abre la puerta al ejercicio de otros derechos como el de la salud, educación, justicia y de libertad de expresión”.
El Comisionado acotó que entre algunos avances en materia de transparencia se encuentra el uso de avances tecnológicos que dieron pie a mejoras en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con buscadores específicos para obtener información focalizada en diversos temas; así como el establecimiento de una normatividad sólida, incluso evaluada por organizaciones internacionales, las cuales concedieron el primer lugar en el Ranking de 112 países en la “Clasificación global del derecho a la información” (2016).
Por otra parte, más que de retrocesos, habló de grandes retos, como que la población mexicana haga uso de su derecho y aproveche la información que las autoridades han puesto a su disposición, que la utilicen para investigar, para conocer, para exigir otros derechos y participar con sus gobiernos, a fin de mejorar significativamente el entorno de sus comunidades y defender así la labor realizada por los organismos garantes, quienes buscan hacer valer este derecho, a pesar de las críticas.
Cabe destacar que en esta mesa, moderada por Carlos Nandayapa Hernández, Secretario de Asuntos Académicos Estudiantiles de la FES Acatlán, participó también Clara Camacho Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia de Tlalnepantla; y Guadalupe Franco, Secretaria Técnica del Programa de Relaciones Internacionales de dicha Casa de Estudios.