México tiene un reto enorme frente ‘apps’ de rastreo
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Infoem, afirmó la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen la protección de datos en el uso de las aplicaciones para rastrear los contagios de COVID-19.
La emergencia sanitaria que se vive alrededor del mundo y en el país marca retos en la ponderación de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en especial en el sector salud, donde la privacidad debe ser por tanto aún más exigente; en este sentido las autoridades sanitarias y responsables deben tener un mayor cuidado en el tratamiento de datos de tipo sensible, sostuvo Javier Martínez Cruz.
De manera virtual, el Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), participó en el conversatorio “Derechos Humanos, Transparencia, Protección de Datos y Ciberseguridad”, convocado por la comunidad electrónica Café Jurídico, en donde destacó la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen la protección de datos si es que en México se llegará a hacer uso de las aplicaciones para rastrear los contagios de COVID-19.
En este contexto, refirió que en países europeos las autoridades han comenzado a usar la tecnología en el apoyo al combate a la pandemia y evitar el posible contacto con enfermos, sin embargo aún existen tropiezos en su adecuación y normativa, por lo que de llegar a México, el reto es hacer efectivo el Estado de derecho y no vulnerar el derecho a la salud, a la protección de datos y al acceso a la información.
Martínez Cruz agregó que paralelo a la necesidad de proteger los datos de tipo sensible es necesario encontrar una armonía entre gobierno y sociedad, responder qué necesita saber el ciudadano para tomar decisiones efectivas, sobre todo cuando la salud pública se convierte en un tema de interés social.
Por último, el integrante del Pleno del Infoem indicó que los órganos garantes tienen la enorme responsabilidad de promover la cultura de la protección de datos personales, su buen uso y tratamiento, así como de dar a conocer la gravedad de que es exponer la información del otro cuando no se cuenta con el previo consentimiento.