La planeación archivística debe ser prioridad en las instituciones
José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Infoem enfatizó que de no cumplir con una adecuada gestión documental podría traer sanciones para las y los servidores públicos.
La planeación archivística debe ser una prioridad en todas las instituciones públicas, cuyas autoridades tendrán que realizar un diagnóstico del estado actual de su archivo, así como de los recursos disponibles para implementar las adecuaciones necesarias, pues la gestión documental se ha convertido en una obligación legal que de no acatarse podría traer sanciones para las y los servidores públicos, señaló José Guadalupe Luna Hernández.
El Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) impartió la capacitación virtual “Archivos y acceso a la información pública”, a integrantes del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), a quienes recordó que los archivos fungen como garantía de integridad de la adecuada función pública.
En este sentido, el Comisionado explicó que cada institución debe elaborar su Plan Anual de Desarrollo Archivístico y publicarlo en su portal electrónico, además de elaborar los diferentes instrumentos de control que mandata la Ley General de Archivos (LGA), contar con personal debidamente capacitado para administrar los documentos y también con el mobiliario óptimo para su resguardo.
“El cuadro de clasificación archivística es uno de los instrumentos de control con el que debemos contar en toda institución, el cual nos brinda una idea clara y completa de las funciones de cada unidad administrativa. Es como tener el índice de las atribuciones de nuestra institución”, detalló.
El Comisionado Luna Hernández añadió que el nuevo estándar derivado de la LGA establece los principios y bases para la organización, conservación, administración y preservación de los documentos públicos, con la finalidad de que la información asentada en ellos permita a la población tomar decisiones informadas sobre las actividades gubernamentales, es por ello que la preservación de estos documentos cobra especial relevancia para la sociedad actual, ya que cabe reiterar que el acceso a la información es considerado un derecho fundamental de toda persona.
Finalmente, expresó la necesidad de que las y los servidores públicos conozcan a fondo el marco legal que regula cada una de sus instituciones, tanto para garantizar los derechos de la ciudadanía, como para contar con archivos correctamente clasificados, ordenados y preservados, a fin de evitar posibles delitos contra los archivos, establecidos en la propia LGA.